El cambio climático —o más bien, la crisis climática— ya no es una amenaza lejana. Sus efectos se sienten con fuerza en distintas partes del mundo y cada vez más intensamente. En este escenario global, Chile es particularmente vulnerable: según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el país cumple con 7 de los 9 criterios que definen a una nación como particularmente vulnerable frente al cambio climático. Esta condición nos impone avanzar decididamente en la mitigación de emisiones y, al mismo tiempo, fortalecer nuestras capacidades de adaptación.
Chile pierde anualmente más de 4.500 millones de dólares a causa de desastres naturales. Esta cifra, proveniente de la Hoja de Ruta para la Resiliencia de la Infraestructura en Chile, es solo un síntoma de una crisis más profunda: la creciente vulnerabilidad de nuestras infraestructuras frente a un clima cada vez más extremo. Olas de calor, sequías prolongadas, lluvias torrenciales y deslizamientos de tierra ya no son eventos aislados, sino parte de una nueva normalidad que exige respuestas inmediatas.
Desde nuestra experiencia en estudios de cambio climático, glaciología y riesgos geológicos, hemos observado que, en las zonas de alta montaña, donde nacen muchos de los ríos que alimentan a comunidades, industrias y ecosistemas, la información es escasa y los cambios, acelerados. La pérdida de permafrost y la reducción en la acumulación de nieve alteran la disponibilidad de agua y exponen el terreno a nuevos peligros naturales. Esta transformación no es abstracta: impacta directamente en la seguridad de las personas y en el funcionamiento del país.
Es momento de dejar atrás la lógica de reacción frente al desastre. La resiliencia no se trata solo de reconstruir lo perdido, sino de anticiparse, planificar y actuar. Eso implica diseñar infraestructura que resista, promover una ocupación territorial informada por el riesgo, e invertir en monitoreo, estudios y herramientas de adaptación. Todo esto requiere colaboración entre instituciones, empresas y comunidades.
Chile debe avanzar hacia una infraestructura flexible, segura y preparada. No solo por los costos económicos que enfrentamos, sino por la vida y bienestar de quienes habitan estos territorios. Hacemos un llamado al Estado, al sector privado y a la academia a trabajar juntos, desde hoy, para construir un país verdaderamente resiliente.